CARTA AL MINISTRO MONTORO

Excelentísimo Señor D. Cristóbal Montoro Romero

Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más
representativo en el ámbito de las Administraciones Públicas, procede a trasladarle en
representación de la mayoría de los empleados públicos la petición para que intervenga,
a través de su Grupo Parlamentario, en la modificación de la adicional 2ª del Real
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral.

En la actual situación económica del País, se hace necesario que los ciudadanos
conozcamos los verdaderos motivos de una situación de crisis que día a día nos muestra
nuevas caras pero, siempre con los mismos actores. El actual déficit que atraviesa
nuestro País no ha sido generado ni por los Servicios Públicos ni por los Empleados
Públicos, pero curiosamente hemos ocupado páginas y páginas en los medios de
comunicación, como si fuéramos la causa y la solucion viniera con la destrucción de la
calidad en los servicios públicos y con la degradación de las condiciones laborales de
los Empleados Públicos. Nos preocupa profundamente esta reforma, que va a propiciar
la destrucción de empleo en las Administraciones Públicas, sin entrar a valorar si es
necesario o no, reiteramos nuestra oferta de trabajar y negociar para adecuar las
Administraciones Públicas a los tiempos actuales. Esta es la auténtica aportación que
dará estabilidad a nuestro País, trabajar entre todos los agentes en la modernización y
reforma de una Administración que siempre está y estará al servicio de los ciudadanos,
por encima de Partidos y de Sindicatos.

Lo que a estas alturas está claro es que los "mercados" no responden a las medidas
tomadas hasta la fecha. Creemos que se hace necesario buscar soluciones que no sean
bajar el sueldo a los Empleados Públicos, ni reducir una Administración con un tamaño
bastante homologable a los estándares europeos. Probablemente "los mercados", tengan
más información que los ciudadanos españoles sobre las causas de la actual situación de
España y vean que las medidas adoptadas sobre la Función Pública española no hacen
sino generar un alto grado de inestabilidad económica en los trabajadores públicos con
una contraproducente repercusión en la actual situación al provocar un importante
descenso del consumo interno.

Probablemente lo que no se adapte a los estándares europeos sea la banca o las
actuaciones de las cajas de ahorro, o muchos gastos realizados por las Administraciones
Públicas en "muchos conceptos" que no son Servicios Públicos ni por tanto la verdadera
Administración Pública o algunas empresas públicas que solo existen para burlar los
controles públicos del gasto y de la contratación.

El Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local podrán despedir al
personal laboral que accedió a su plaza mediante proceso selectivo aduciendo causas,
técnicas, organizativas y de la producción igual que en la empresa privada, con el
agravante que van a ser los trabajadores del sector público los que asuman íntegramente
las consecuencias del despilfarro y de la mala gestión de los administradores políticos.
Una medida que no va aportar las soluciones necesarias en el medio y largo plazo.
¿Cómo y quien va a decidir lo que es y lo que no es necesario? ¿Se utilizarán los
mismos criterios que nos han llevado a la situación que nos encontramos? Reiteramos
que antes de aplicar estas medidas a los trabajadores del Sector Público, se han quedado
en el tintero la supresión de muchas actuaciones innecesarias, que son las que nos han
puesto en esta situación y que no aportan nada a los ciudadanos.

En el trámite del Senado, en lo relativo a la disposición adicional 2ª, sería conveniente
encontrar una redacción alternativa que deje claro que el acceso mediante un proceso
selectivo realizado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de
acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, sea elemento
diferenciador. Estamos en contra de la posibilidad de despido del personal que ha
accedido por procesos selectivos al tratarse de servicios públicos que deben ser
realizados independientemente de los criterios políticos de cada momento, incluso
independiente de la situación de crisis general, los impuestos de los ciudadanos deben
garantizar unos servicios públicos. Quedan opciones parlamentarias para hacerlo.
Proponemos y le solicitamos su intervención para introducir la siguiente redacción “que
en ningún caso, lo establecido en esta disposición adicional segunda, sea de aplicación
al personal laboral que ha adquirido esta condición por el procedimiento selectivo de
ingreso establecido al efecto.”

Madrid a 4 de junio de 2012

Fdo: Miguel Borra Izquierdo
Presidente Nacional de CSI-F