POR EL EMPLEO Y LOS SERVICIOS
PÚBLICOS:
NO A LOS RECORTES
Desde hace varios años España
está soportando una crisis económica que ha sido gestionada de manera deficiente
por los sucesivos responsables políticos. Con el pretexto de cumplir con el
objetivo de déficit público impuesto por la Unión Europea, los
diferentes Gobiernos del Estado y de las Comunidades Autónomas, y muy especialmente
el de la Comunidad
de Madrid, están tomando medidas drásticas de recorte del gasto que, de una
parte afectan a la prestación de los propios servicios públicos (entre otros,
la educación, la sanidad, los servicios sociales, o la protección por desempleo)
y, de otra, a los derechos de los empleados públicos. En paralelo los intereses
privados aspiran a gestionarlos, pues ven en ellos una enorme oportunidad de
negocio.
La principal seña de identidad
del modelo construido durante más de treinta años de democracia en España es la
respuesta a las necesidades sociales por parte de los poderes públicos y la
articulación de sistemas obligatorios de protección, entre los que destacan la Seguridad Social,
la educación, la sanidad, los servicios sociales, la justicia, los transportes,
los medios de comunicación, la cultura, el medio ambiente o la seguridad
ciudadana. A lo largo de las últimas décadas hemos ido avanzando en la universalización de los derechos a toda la
población, cuestión en la que el movimiento sindical ha jugado un papel
destacado.
La privatización y los recortes
en los servicios públicos destruyen empleo, deterioran su calidad, empeoran las
condiciones laborales de los empleados públicos (marcando a la baja el camino
para el conjunto de la negociación colectiva), quiebran la igualdad de
oportunidades y la cohesión social, y ponen en cuestión la gratuidad y la
universalidad de las prestaciones. Todo ello es más grave en una etapa de
crisis económica aguda, en la que los servicios públicos deberían jugar un
papel determinante para garantizar la cohesión social y en la que tanto el
gasto como el empleo públicos son decisivos en la dinamización de la economía.
Las medidas adoptadas por las
diferentes administraciones han aumentado las tasas universitarias, en algunos casos
por encima del 60%, han incrementado la participación de los ciudadanos en el
pago de las medicinas, obligan al pago del transporte no sanitario, reducen las
ayudas que las familias reciben para el cuidado de personas mayores o
dependientes, encarecen la justicia, etc.
Además, se ha incrementado la
jornada laboral de los empleados públicos, lo que ha supuesto que tan solo en la Comunidad de Madrid se
hayan perdido más de 12.000 puestos de trabajo, se ha eliminado la mejora en
caso de Incapacidad Temporal y se han reducido los salarios. Con la eliminación
de la paga extraordinaria en 2012 se habrá acumulado una reducción salarial de
más de un 20% en poco más de dos años. Todo ello enmarcado en una campaña de
descrédito de la labor y profesionalidad de los empleados públicos.
En la Comunidad de Madrid, el
Gobierno Regional está llevando a cabo una política de recortes injustificados,
por cuanto se producen en paralelo al incremento del presupuesto que financia a
los servicios que han sido externalizados, y que afectan muy negativamente al
empleo y a la calidad de la prestación de los servicios públicos. El sistema
educativo, la sanidad, la asistencia a los mayores y a las personas
dependientes,
menores, la administración de
justicia, el medio ambiente, los servicios públicos de empleo, la lucha contra
el fraude fiscal, la atención al ciudadano, los servicios de emergencias y
protección ciudadana, los transportes y medios de comunicación públicos están
sufriendo sus consecuencias.
Los importantes recortes en la
educación pública han supuesto la pérdida de 4.500 profesores/as en los dos últimos
cursos, la drástica reducción de las becas de comedor y de las ayudas para
libros de texto, lo que incide en un nuevo retroceso en la equidad y deja a las
familias más desfavorecidas en una situación crítica.
Por otro lado, el incremento de
tasas supone una traba al efectivo ejercicio del derecho a la educación, ya que
expulsa del sistema educativo a los sectores más desfavorecidos, ya sea en la
educación infantil, en la FP
de grado superior o en la universidad, generando además una quiebra en el
capital humano que va a lastrar el desarrollo económico y social.
En el sector universitario los
continuos recortes están provocando que las universidades tengan dificultades para
implantar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y están deteriorando
las condiciones laborales del personal docente e investigador, así como y del
personal de Administración y Servicios. Sólo con una financiación adecuada se
podrá garantizar el acceso a la Enseñanza Superior a todos los ciudadanos a lo
largo de toda su vida y en igualdad de oportunidades.
En la sanidad pública los
recortes han supuesto la pérdida de más de 5.000 trabajadores, el cierre de centros
y servicios sanitarios, y la sobrecarga de trabajo de los que permanecen en el
sistema, con el consiguiente empeoramiento en la calidad de la prestación, un
notable incremento de las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de
consulta, y la disminución del tiempo de atención al paciente en los centros sanitarios.
En los servicios sociales los
recortes presupuestarios han dejado sin puesto de trabajo a más de 1.000
personas, 500 camas vacías en las residencias públicas para personas mayores y
se han eliminado numerosos programas de atención a la infancia, lo que
dificulta muchísimo la integración de los menores en riesgo de exclusión
social.
Todos estos recortes forman parte
de la estrategia privatizadora de los servicios públicos que lleva a cabo el Gobierno
Regional, como hemos visto en la Educación Infantil, en las residencias para
mayores y ahora con la pretensión de privatizar los servicios no sanitarios
extinguiendo 26 categorías profesionales. Esta política amenaza también a
empresas públicas emblemáticas como el Canal de Isabel II, Radio-Televisión
Madrid
o Metro de Madrid.
Quienes suscribimos este
manifiesto expresamos nuestro absoluto rechazo a las medidas adoptadas por los Gobiernos
de Estado y de la Comunidad
de Madrid, no nos resignamos a sufrir un enorme retroceso en materia de
derechos y de cohesión social, y defendemos el Modelo Social Europeo como mejor
garantía para el desarrollo económico y social.
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